Por José Granados Fernández
Twitter @JoseGranadosF

“Aquí nadie se va. Es una reunión convocada por la Procuraduría y se respeta; para quien se vaya… habrá consecuencias”.

La advertencia -palabras más, palabras menos- de la procuradora Margarita Cabello se escuchó fuerte y dejó sentada a la magistrada Claudia Espósito, vicepresidenta seccional del Consejo Superior de la Judicatura, quien, junto con el coordinador del Centro de servicios judiciales, el juez Camilo Pardo, quiso marcharse ante las críticas por decisiones que en Barranquilla han beneficiado con detención domiciliaria a criminales, extorsionistas y atracadores peligros para la sociedad.

Así fue el tenso momento en la reunión que el pasado viernes, de 3:30 a 7:00 p.m., presidió la jefa del Ministerio Público en el Batallón de Policía Militar, barrio Paraíso, para “analizar la grave situación de inseguridad” en Barranquilla y su Área Metropolitana y “buscar soluciones que permitan recobrar la tranquilidad”.

Yendo más allá de la declaración final del encuentro, con anuncios previsibles de lo que harán las autoridades, Emisora Atlántico y Zona Cero.com conocieron, a través de distintas fuentes, detalles de lo acontecido en la reunión a puerta cerrada.

Como barranquillera, a la procuradora Cabello le asiste una gran preocupación por los atracos, robos y otros hechos criminales que se han multiplicado. Por eso, tras evaluar con la procuradora regional, Margarita De la Hoz, lo que está sucediendo, citó a la reunión.

En su preámbulo, ante las autoridades administrativas, judiciales, penales, policiales, militares, garantes de derechos humanos y carcelarias del departamento y el distrito, les pidió que presentaran un informe y, muy especialmente, “hizo un llamado a la autocrítica” frente a lo que está sucediendo y sobre qué se necesita para enfrentar las bandas criminales que les han robado la seguridad a los barranquilleros.

“Como de autocrítica se trataba, ella fue la primera en hacer un mea culpa y reconoció problemas en la Procuraduría; dijo, por ejemplo, que revisarán el papel de Procuradores Judiciales en casos en los que a varios criminales y otros peligrosos delincuentes los favorecieron con casa por cárcel”, dijo una de las fuentes consultada. “Esas actuaciones les preocupan mucho”, insistió.

Además, Cabello, quien trabajó por más 30 años en el Poder Judicial y fue Ministra de Justicia, expresó que hay que revisar actuaciones al interior de las instituciones que tienen que preservar la seguridad. “Fue directa: ella habló de corrupción. Manifestó que no puede desconocerse que se dan estos casos, y sostuvo que la corrupción no puede acabar con la seguridad y la tranquilidad de la gente”, fue otro de sus mensajes, subrayaron dos fuentes entrevistadas.

Luego comenzaron los informes institucionales. La gobernadora Elsa Noguera y el alcalde encargado Adalberto Palacio ratificaron que seguirán apoyando lo que se necesite en materia de equipos, logística e inversiones para enfrentar a los criminales, y expresaron que están dispuestos a corregir lo que les toque.

“La Policía y los militares presentaron sus informes sobre capturas y operativos que han llevado a cabo. Con estadísticas sobre los seguimientos a los casos investigados, ellos, prácticamente, se quejaron de que hacen las capturas y los criminales terminan con casa por cárcel o desde las cárceles siguen delinquiendo”, detalló una de las fuentes.

“Tres nombres, Digno Palomino, imputado por desmembramiento y reclutamiento de menores, quien tiene domiciliaria en Barranquilla; 'El negro Ober' y 'Castor', presos en Colombia y Venezuela, fueron señalados como dinamizadores de la ola de violencia y extorsiones. Contra ellos hay que actuar, bloquearlos y neutralizar sus comunicaciones para frenar su accionar delictivos”, fue la conclusión subrayó la fuente.

Después, la palabra les fue concedida a Espósito, quien se excusó por no tener una presentación lista para exponer, y al juez Pardo. En sus generalidades, la magistrada habló de la congestión judicial, defendió la autonomía de los jueces y rechazó que hablaran de casos de corrupción; el coordinador judicial, también de manera genérica, habló de las normas y del debido proceso en los casos que presenta la Fiscalía. “Fue una exposición académica, digamos que técnica, alejada de la problemática de violencia que nos afecta", cuestionó una fuente.

“En resumen, para ellos, en la Rama Judicial todo está bien”, comentó otro entrevistado. “Es el mismo discurso de hace 15 años: que tienen mucho trabajo, pero que todo está bien sobre las decisiones que se toman, cuando en realidad nada mejora para encarcelar a los más peligrosos criminales y extorsionistas”, fustigó.

Pues, las reacciones no se hicieron esperar. Fue la gobernadora Noguera la primera que refutó a Esposito y a Pardo. Intervino inmediatamente y cuestionó con vehemencia lo expuesto: “manifestó que estábamos ahí para tomar decisiones, que había fallas y hay que mejorar en todas las instituciones, pero que si la posición de la Rama Judicial era que todo lo que hacen los jueces está bien, cuando decenas de delincuentes y criminales han sido beneficiados, pues… no había nada que discutir. Ella se mostró muy molesta”, dijeron tres de los entrevistados.

El inconformismo de la mandataria departamental lo sintieron otros funcionarios, incluso de Procuraduría, pero no alcanzaron a expresarlo porque Esposito dijo que si no podían seguir hablando se iban, y así se lo ordenó al juez Pardo.

La procuradora Margarita Cabello pidió calma, llamó al orden; sin embargo, la vicepresidente de la Judicatura se levantó para irse. Fue cuando recibió el “enérgico llamado de atención” dirigido a ella. Entonces Espósito y Pardo se sentaron.

Para apaciguar los ánimos, la jefe del Ministerio Público “también le exigió a Noguera que calmara su temperamento”.

“La Procuradora dijo que teníamos que tranquilizarnos, que debíamos escucharnos y saber ser receptivos ante las críticas; que lo importante es corregir y buscar soluciones contra la inseguridad”, recordó una fuente.

La Gobernadora había logrado poner en el centro del debate de la reunión, hacer visibles, las críticas y preocupaciones públicas que los barranquilleros, y autoridades como ella y el alcalde Jaime Pumarejo, expresan por los beneficios judiciales a peligrosos criminales.

En efecto, entre 2022 y lo corrido de 2023, un total de 163 delincuentes han sido enviados a sus casas, casi que sin control ni vigilancia, por lo que continúan delinquiendo con toda libertad, como lo informamos la semana pasada en Emisora Atlántico y Zona Cero.com. Entre los beneficiados se cuentan 9 homicidas y 62 atracadores y extorsionistas que usaban armas ilegales.

Sumandos casos de otros años, en enero había en Barranquilla 6.789 presos con detención domiciliaria: lo grave es que 6.190 de ellos no tienen ninguna vigilancia porque no les instalaron los GPS o brazaletes electrónicos para que el Inpec les haga seguimientos.

En la reunión a otras instituciones a las que les pidieron explicaciones fueron el Inpec y la Uspec. Uno de los llamados de atención tuvo que ver con que nadie entiende que hace 10 meses en la Penitenciaría El Bosque construyeron 510 celdas de mediana seguridad, en tres pabellones que costaron 26.000 millones de pesos, y están sin utilizar, mientras a peligrosos criminales los envían a sus casas y el hacinamiento carcelario asciende al 53%, aproximadamente, como lo denunciamos en septiembre de 2022.

Margarita Cabello ordenó investigar este caso y reclamó soluciones.

Antes de terminar, también le puso doliente a las revisiones de decisiones judiciales y al seguimiento de los compromisos. Esa labor se la entregó a la procuradora delegada de Investigaciones Especiales, Lucila Vidal, quien semanalmente convocará mesas de trabajo para vigilar de cerca las actuaciones contra las bandas criminales.

“No más excusas es el objetivo de la procuradora. Debe haber unidad y articulación interinstitucional con acciones contundentes contra los criminales, para que prevalezca la justicia y los barranquilleros, así como en el Área Metropolitana, recuperen la tranquilidad y la seguridad”, manifestó una fuente del Ministerio Público.